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El Gobierno nacional sigue teniendo en agenda el 10 de noviembre, fecha en la cual el Ministerio de Justicia que hasta ahora dirige Mariano Cúneo Libarona pretende implementar en Comodoro Py el sistema procesal acusatorio, que concede mayor protagonismo a los fiscales en las investigaciones penales por corrupción y narcotráfico. Sin embargo, durante una reunión, los integrantes el Ministerio Público sostuvieron que las condiciones no están dadas.
Entre los trámites de jubilación en curso, renuncias y el número de cargos que hace más de cinco años no se cubren con regularidad, el Ministerio Público Fiscal transita una crisis sin precedentes: como contó Clarín, los sillones vacíos en la Procuración General de la Nación ascienden al 46,8%. De seguir con este ritmo que incluye los pliegos retenidos (más de 40) hace casi dos años por parte del Ministerio de Justicia, de cara al 2026, la cifra podría alcanzar el 50%. De los 367 cargos que lo integran, hoy 172 se encuentran vacantes.
A ese escenario se suma otro dato que despierta preocupación dentro de la Procuración General de la Nación: para el próximo años el Poder Ejecutivo Nacional aprobó un 26,6% de partida presupuestaria en relación a lo requerido para garantizar el normal funcionamiento del MPF.
Con ese telón de fondo que combina menos recursos económicos y sillones vacíos, el procurador Eduardo Casal recibió al ministro Mariano Cúneo Libarona, que escuchó el reclamo reiterado de los integrantes del Ministerio Público de diversas instancias que cumplen sus funciones en Comodoro Py.
El objetivo de la reunión fue exponer la crítica situación que atraviesa el Ministerio Público y la falta de condiciones edilicias con las que cuentan tanto los tribunales de Retiro como el edificio de calle Inmigrantes, donde funciona el fuero Penal Económico.
En dicho contexto, los fiscales de instrucción, sus colegas antes las diversas Cámaras y quienes intervienen en los juicios orales, señalaron al ministro de Justicia que no es adecuado aún avanzar con la implementación del sistema acusatorio en dichos edificios.
Entre los aspectos manifestados durante el encuentro, se señaló que el déficit de cargos vacantes, que en el fuero penal económico supera el 60%.
Los fiscales también señalaron ante las autoridades del Ministerio de Justicia que la falta de recursos materiales y humanos adecuados para hacer frente al caudal y la complejidad de expedientes dificultan la implementación del nuevo Código Procesal Penal.
Al listado de dificultades, se resaltó que los edificios del fuero federal penal presentan serios problemas de conectividad, algo esencial ya que el sistema acusatorio tiene una marcada impronta en la oralidad durante las audiencias que exigen contar con un buen servicio y correcto funcionamiento de internet. Al planteo sumaron otra dificultad: «el poco personal técnico abocado a los peritajes y análisis de información».
Los problemas reseñados no dejaron afuera un tema transversal: la necesidad de que se haga efectiva la autarquía financiera del Ministerio Público Fiscal.
Para funcionar durante el 2026 y con el desafío por delante de sumar más jurisdicciones que se rijan bajo el nuevo Código Procesal Penal, el Ministerio Público Fiscal requirió al Ministerio de Hacienda un presupuesto de 815.000 millones de pesos.
Pero en el proyecto del presupuesto que el presidente remitió al Congreso se destinan fondos por 539.547 millones de pesos.
«Por todos los motivos expresados, los fiscales advirtieron que no es suficiente el tiempo que resta hasta el 10 de noviembre para realizar las adecuaciones necesarias y plantearon que, bajo estas condiciones, sería adecuada una prórroga para el inicio de la implementación del sistema en la jurisdicción», sostiene la comunicación oficial de la Procuración.
