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Las universidades nacionales solicitaron hoy a la Justicia que intime al Gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, bajo apercibimiento de iniciar una causa penal por el delito de desobediencia (artículo 239 del Código Penal) y de aplicar multas al Estado por el incumplimiento.
Según pudo saber Clarín, la presentación se realizó este jueves ante el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo Nº 11, a cargo del magistrado Martín Cormick, responsable de la causa por incumplimiento de la ley. En diciembre pasado, Cormick dictó una medida cautelar que ordenó cumplir dos artículos: la recomposición salarial para docentes y no docentes, y el aumento de becas estudiantiles.
Los rectores reunidos en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostienen que, tras el fallo de la Corte Suprema del 25 de junio pasado —que rechazó el recurso extraordinario del Gobierno— ya no existen excusas para no ejecutar la sentencia vinculada a la cautelar.
A ello se sumó, como informó Clarín el martes, el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo – Sala III, que consideró “abstracto” pronunciarse sobre la apelación presentada por las universidades contra la suspensión de la ejecución de la cautelar. La medida cautelar dictada en diciembre por el juez Cormick había sido suspendida por el propio magistrado a la espera del pronunciamiento de la Corte Suprema.
La representación legal de las universidades, encabezada por el abogado constitucionalista Pablo Manili, sostiene que ya puede ordenarse la ejecución de la cautelar. En caso de incumplimiento, los funcionarios podrían enfrentar causas penales por desobediencia y sanciones económicas, lo que solicitan a la Justicia.
Según cálculos de las universidades y gremios del sector, la liquidación de haberes para docentes y no docentes debería efectuarse con un aumento del 28,5%. Esto se suma al 21% otorgado desde la liquidación de julio, correspondiente al acuerdo paritario firmado a finales de mayo, convenio con el que el Gobierno intentó resolver la situación. Sin embargo, el rechazo inesperado de la Corte Suprema al recurso extraordinario del Ejecutivo reactivó el cumplimiento de la medida cautelar dictada en diciembre y ratificada por la Cámara en marzo.
En este contexto, los gremios del sector preparan medidas de fuerza para la próxima semana. Los sindicatos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) convocaron a un paro para el 12 de agosto. La mayoría de las universidades del país iniciará entonces el segundo semestre, involucrando a casi dos millones de estudiantes, más de 266 mil docentes y 65 mil trabajadores no docentes.
Por su parte, el Ministerio de Capital Humano se pronunció este jueves con críticas hacia el paro convocado para el 12 de agosto, calificándolo de “prematuro”. En un comunicado, la cartera a cargo de Sandra Pettovello recordó el acuerdo salarial paritario firmado en mayo y afirmó que “no existe incumplimiento alguno” al respecto. No obstante, evitó referirse a la Ley de Financiamiento Universitario ni a la medida cautelar que ordena la recomposición salarial y el aumento de becas estudiantiles.
Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA, uno de los convocantes al paro, no descartó nuevas demandas judiciales por parte de los gremios, en línea con la presentación realizada por el CIN. “Es necesario para la democracia que el Gobierno cumpla con la medida dictada por la Corte Suprema respecto a la cautelar. No se puede hacer la vista gorda”, advirtió.
