El Tribunal Oral Federal N° 4, a cargo de la ejecución de la condena en la causa Ruta del Dinero K, ordenó inscribir a nombre del Estado Nacional todos los bienes de Austral Agro S.A., la empresa agropecuaria de Lázaro Báez y su hijo Martín. La firma será liquidada para empezar a cubrir las multas que ambos deben pagar por esa condena: US$329.237.200 en el caso de Lázaro y US$274.364.333 en el de Martín.

La jueza de ejecución Valeria Rico resolvió, a pedido del fiscal general Abel Córdoba, avanzar con «la liquidación de las acciones de aquella sociedad, a efectos de satisfacer, en el porcentaje correspondiente, las sanciones pecuniarias firmes» de los condenados. El paquete accionario —70% de Lázaro y 30% de su hijo— quedará a nombre del Estado, con asignación a la Unidad de Información Financiera (UIF).
La magistrada también dio intervención con carácter urgente a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), para que tome el control de la empresa y use sus frutos y bienes para cubrir las multas pendientes. El Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema deberá tasar la sociedad y sus activos. La decisión puede apelarse ante la Cámara Federal de Casación Penal, y los bienes solo podrán ejecutarse cuando quede firme.
Estancias y ovejas
A nombre de Austral Agro figuran las estancias La Entrerriana, La Santafesina, La Ana, La Verdadera Argentina y Coronel Guarumba, además de unas 1.000 cabezas de ganado ovino y distintos vehículos.
La empresa había vuelto a quedar en el foco por la causa que lleva en Río Gallegos el fiscal Julio Zárate, que acusa a Báez de liderar desde la cárcel de Ezeiza una asociación ilícita dedicada a explotar los campos y el ganado de la firma pese a estar embargados. Según la fiscalía, Austral Agro funcionó como una de las principales plataformas para seguir moviendo activos por fuera del control judicial, con contratos que considera simulados.
Uno de ellos es un acuerdo de capitalización ganadera de marzo de 2025, por el que una imputada aportó 7.000 ovejas a la estancia Coronel Guarumba y que, para el fiscal, justificó transferencias millonarias a Cristian Sebastián Ibáñez, alias «Budín», hombre de confianza del empresario. Ibáñez y Claudia Insaurralde, pareja de Báez, están detenidos y, según la acusación, ejecutaban las órdenes que el empresario daba por teléfono. Báez cumple una pena de 15 años de prisión por las causas Vialidad y Ruta del Dinero K.
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