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La decisión del presidente Donald Trump de imponer una tasa de 100.000 dólares para nuevas visas de trabajo H-1B sufrió un nuevo revés judicial. Un tribunal federal de apelaciones confirmó el fallo de un juez de Boston, que determinó que el presidente no tiene la autoridad para establecer dicha tarifa.
En junio, un juez federal de Boston había rechazado esta medida, presentada por la administración Trump como una forma de proteger a los trabajadores estadounidenses frente a empresas que, según el gobierno, recurren a profesionales extranjeros para reducir costos.
Las visas H-1B, creadas por la Ley de Inmigración de 1990, permiten a empresas e instituciones contratar trabajadores extranjeros con formación especializada y título universitario. Tienen una duración inicial de tres años, prorrogables por otros tres. Este programa es especialmente relevante para el sector tecnológico, ya que, según el Centro de Investigación Pew, al menos el 60% de las visas H-1B aprobadas desde 2012 correspondieron a empleos relacionados con la informática.
Cada año, el gobierno otorga unas 65.000 visas H-1B, además de otras 20.000 reservadas para personas con maestrías o títulos superiores. La asignación se realiza mediante un sistema de sorteo.
La controversia comenzó en septiembre de 2025, cuando la administración Trump elevó abruptamente la tarifa para participar en el proceso de obtención de la visa. Hasta entonces, la inscripción costaba 215 dólares, además de otros costos administrativos que sumaban alrededor de 2.000 dólares en total. La nueva tasa de 100.000 dólares entró en vigor apenas un día después de su anuncio.
Según la Casa Blanca, el programa favorecía la sustitución de trabajadores estadounidenses por profesionales extranjeros dispuestos a aceptar salarios más bajos. Datos oficiales indican que casi tres cuartas partes de las solicitudes aprobadas en 2023 correspondieron a ciudadanos de la India.
Sin embargo, la medida tuvo poca aceptación. De acuerdo con documentos judiciales, hasta mediados de febrero de 2026, el gobierno solo había recibido 85 pagos, lo que representó una recaudación de 8,5 millones de dólares. Analistas del sector señalaron que el aumento desalentó la participación de muchos empleadores.
La demanda que dio origen a la decisión del juez federal de Boston fue presentada por 20 estados, cuyos gobiernos afirmaron que la nueva tarifa dificultaba la contratación de docentes, investigadores, profesionales de la salud y otros trabajadores especializados en instituciones públicas.
Tras analizar el caso, el juez federal Leo Sorokin concluyó que la política violaba la Ley de Procedimiento Administrativo, que regula la forma en que las agencias federales elaboran normas y regulaciones.
“El Tribunal considera que la política impone un impuesto a las peticiones H-1B sin la delegación requerida por el Congreso”, escribió Sorokin en su resolución, que ahora cuenta con el respaldo del tribunal de apelaciones.
Por otro lado, otra corte federal había respaldado previamente la tarifa en un caso distinto impulsado por la Cámara de Comercio. Además, grupos religiosos y organizaciones laborales mantienen una demanda separada en un tribunal federal de California.
